«536 días completa Caldas sin contralor departamental» Corporación Cívica

BC Noticias 22/06/2023

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La Corporación Cívica de Caldas (CCC) hizo un llamado urgente para que se nombre un Contralor en propiedad para el departamento. Desde el 1 de enero de 2022, Caldas ha estado sin un Contralor designado, acumulando un total de 536 días.

El proceso de elección ha enfrentado numerosas acciones judiciales, incluyendo tutelas y acciones populares. Hasta septiembre de 2022, se habían presentado 41 acciones judiciales, y desde entonces, se han registrado 6 más en lo que va del año 2023. Actualmente, el proceso se encuentra suspendido debido a una medida cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

El problema se originó en septiembre de 2021, cuando la Asamblea Departamental de Caldas emitió dos resoluciones relacionadas con el proceso de selección. Sin embargo, un ciudadano presentó una acción de nulidad simple argumentando que ambas resoluciones se realizaron el mismo día, lo cual incumple con la Ley 1904 de 2018. Esta ley establece que la selección de la institución encargada de aplicar las pruebas debe llevarse a cabo antes de la convocatoria de los aspirantes.

En respuesta a esta situación, el Tribunal Administrativo de Caldas tomó una medida provisional en mayo de 2022, suspendiendo los efectos jurídicos de la resolución y dejando sin efecto todo el proceso de selección.

La CCC expresa su preocupación por la falta de un Contralor en propiedad, ya que no garantiza la capacidad y transparencia necesarias para llevar a cabo la labor de control de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Durante estos 536 días, se han conocido casos de corrupción significativos, como el protagonizado por el exsenador Mario Castaño.

«Tener en un cargo de control tan importante a una persona encargada que no ha pasado por un proceso de selección de méritos no asegura las garantías de capacidad y transparencia que debe tener la Contraloría General de Caldas para cumplir con su labor de control de los recursos públicos, la lucha anticorrupción, investigación, imposición de planes de mejoramiento, y sanciones a partir de quejas presentadas por acciones ciudadanas. Esa interinidad es mucho más preocupante cuando en estos 536 días se han conocido casos de corrupción tan graves como el protagonizado por el exsenador Mario Castaño», señaló la Corporación.

Sobre ese caso, conocido como Las Marionetas, la CCC le pidió en 2022 a la Contraloría General de Caldas publicar los posibles hallazgos de irregularidades en los municipios bajo el control de la entidad sobre los que la Fiscalía indicó irregularidades, pero no se obtuvo respuesta.

Además hay otros asuntos que necesitan control oportuno, claro e independiente, como el del programa Mil Viviendas de la Gobernación de Caldas, sobre el que la CCC pidió el pasado 25 de mayo a la Contraloría General de la República ejercer control preventivo y concomitante debido a los retrasos y al bajo porcentaje de ejecución de la obra.

«Para la CCC la interinidad que se puede dar en este ente de control no presta las garantías suficientes para considerar que exista una plena legitimidad e independencia en sus funciones, toda vez que su cabeza responsable se encontraría vinculado por un mecanismo transitorio al previsto en la Constitución y las leyes. Esto deja en entredicho la capacidad y autonomía con la que hoy se está adelantando el control a los recursos públicos, además de las debilidades en la priorización que la institucionalidad política le presta a esta función trascendental en los asuntos fiscales del departamento», destacó la Corporación Cívica.

La falta de un Contralor en propiedad genera dudas sobre la legitimidad e independencia de sus funciones y plantea interrogantes sobre la capacidad y autonomía del control de los recursos públicos. Además, la CCC ha señalado la falta de información actualizada en las redes sociales y el sitio web de la Contraloría, lo que dificulta el acceso a la información y la participación ciudadana.

La CCC expresa su preocupación por los errores en el proceso de convocatoria y advierte sobre posibles estrategias dilatorias. Insta a que la elección se realice de manera transparente y dentro de los plazos necesarios para garantizar la seguridad jurídica del control fiscal en el departamento.