Opinión: La Encrucijada de las Corridas de Toros
Columna de opinión: Christián Pérez
Cuando de pasiones se trata, los debates en la sociedad prometen ser viscerales, cargados de emociones, en muchas ocasiones llenos de calificativos desobligantes entre las contrapartes, cada cual defendiendo su propia verdad como si en el horizonte no hubiese lugar a variadas interpretaciones, al punto de que hasta las relaciones más cordiales tienden a deteriorarse. Con razón en algún momento un experimentado y veterano excompañero de trabajo decÍa «para conservar mis amistades prefiero no hablar con ellos ni de religión, ni de política».
Ahora en el país viene desarrollándose un acalorado debate, que tiende a acentuarse con el paso de los días; es el tiene que ver con la prohibición de las corridas de toros que se pretende llevar por medio del proyecto de Ley 271 de 2017 «por la cual se eliminan las prácticas taurinas en el Territorio Nacional y se dictan otras disposiciones» , que viene cursando en el Congreso de la República. En este proyecto se califica a la fiesta brava, tan común en nuestra ciudad, como una «expresión de violencia y crueldad en espectáculos públicos». Si el tema resulta controversial en el país, ni se diga en Manizales, ciudad donde querámoslo o no las corridas de toros hacen parte de la tradición cultural no solo de la feria sino también de la ciudad.
Hay que recordar que la Corte Constitucional dio al Congreso de la República el lapso de dos años para legislar sobre esta materia, en razón de lo cual se viene realizando esta discusión en el país. Mediante este proyecto se pretenden prohibir de tajo las corridas de toros en todo el territorio nacional, sin ningún tipo de consideración cultural o económica. Así mismo se busca eliminar la práctica del rejoneo, las becerradas, las novilladas y las tientas; la desaparición del ordenamiento jurídico del Reglamento Nacional Taurino, así como la obligación que se impondría a las entidades territoriales afectadas, como sería el caso de Manizales, de presentar un plan de nuevas actividades económicas y culturales, para que quienes se dedican a actividades relacionadas con la tauromaquia cuenten con programas de sustitución e integración laboral.
Frente a la propuesta hay claramente dos posiciones encontradas, la de los animalistas o simple ciudadanos que están de acuerdo con la abolición de la fiesta brava, que manifiestan la importancia de eliminar esta práctica bajo el entendido de que los animales en la actualidad ya no son considerados como en otros simples bienes muebles, sino más bien como seres sintientes que no merecen ser sometidos a una práctica tan violenta y cruel.
Desde la orilla de los taurinos o simples ciudadanos que sin serlo comparten la idea de mantener la fiesta brava, se argumenta que es necesario conservarla teniendo en cuenta sus consideraciones de tipo culturales y económicas. El respeto del derecho de una minoría aficionada a este tipo de espectáculos o la inminente desaparición del toro del lidia como consecuencia de la eliminación de las corridas de toros.
En lo personal comparto la opinión que en algún momento leí en una columna de Héctor Abad Faciolince, en la cual planteaba «Estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Si uno acepta que una mayoría puede prohibir los toros por compasión animal, tendrá que aceptar que un día otra mayoría (probablemente religiosa), prohíba a todos los ciudadanos matar animales para comer carne». (http://www.elespectador.com/opinion/en-contra-y-favor-de-las-corridas-columna-216472).
Esto bajo el entendido de que lo ideal sería esperar a que estas prácticas tortuosas un día se extingan, como consecuencia del avance de la modernidad y de la concientización social de la importancia de erradicar toda forma de violencia, situación que sin lugar a dudas tarde o temprano va a suceder.
Sin embargo, si se trata de tomar una decisión, tal y como fue el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional al Congreso, propongo que se haga un viraje al proyecto de Ley, en el cual en lugar de prohibir las corridas de toros y otras variedades de entretenimiento basados en el sufrimiento animal, más bien se ordene por parte del Legislativo a los alcaldes municipales donde este tipo de eventos sean tradición, que en un tiempo prudencial (puede ser de un año) se convoque a la ciudadanía a sendas consultas populares, donde se les indague si están de acuerdo o no que dentro de su territorio se prohíban definitivamente las corridas de toros, la corralejas, las novilladas, becerradas, etc.
Para ello se podrían otorgar todas las facilidades institucionales, en condiciones suficientes de equidad y si es del caso con el apoyo de observadores electorales, para la realización de estas consultas, en las cuales se puedan de forma libre conformar comités promotores del SI o del NO de cara la prohibición o conservación por ejemplo de las corridas de toros
Prefiero esta salida, donde serían los mismos afectados quienes decidan sobre la conservación o desaparición de estos espectáculos, en lugar de que sean 268 congresistas quienes decidan, muchos de ellos que ni siquiera viven en lugares en los que realmente se vayan a sentir los efectos negativos o positivos de la prohibición. Por esta vía cada municipio de Colombia donde subsistan este tipo de tradiciones tendrán la oportunidad dentro de un proceso democrático y reflexivo, de analizar las implicaciones económicas, sociales o culturales de tomar alguna decisión en alguno u otro sentido.
*Esta columna representa el pensamiento del columnista, más no del medio.
BC Noticias
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