Justicia penal no es restaurativa en casos de abuso infantil

El escenario de la justicia procesal penal colombiana para el restablecimiento de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual tiene un enfoque asistencialista cuando debería ser restaurativo.

Así lo evidenció la investigadora Julie Marcela Daza, doctora en derecho en la línea de familia, infancia y adolescencia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien advierte que ningún menor de 14 años víctima de abuso sexual puede participar en el proceso judicial de manera incluyente, ya que ellos deben rendir testimonio en una sala distinta del juzgado y siempre se les habla a los padres. 

Para su estudio, la investigadora le hizo seguimiento a varios años de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en los cuales evidenció que en un país donde cada día se reportar 71 casos de abuso sexual contra menores cuya edad promedio es de 12 años, no se juzga el número de casos que inician el camino judicial. 

A ello se suman las demoras en los procesos judiciales si se tiene en cuenta, por ejemplo, que para el año 2016, de los 11.941 ingresos efectivos que se hicieron al sistema judicial por abuso sexual a menor de 14 años, solo 1.417 llevaron a cabo todo el proceso hasta el final, con decisión de un juez. 

De estos 1.417,17 responsables fueron condenados en sentencia, 148 condenados con aceptación de cargos, 385 condenados en juicio oral, 147 por acuerdo y 161 absueltos. 

“En la práctica judicial nos damos cuenta de que no hay muchas decisiones con sentencia y que en la mayoría de casos no hubo administración de justicia hasta el final”, puntualiza la investigadora Daza, quien asistió durante más de dos años y medio a audiencias sobre el delito de abuso sexual a menores y adolescentes, con el fin de verificar cómo  se aplicaban las reglas especiales de procedimiento, cuál era el diálogo que se hacía en la interpretación de la ley, cómo se habla del restablecimiento de derechos de las víctimas abusadas y qué posibilidad existe de pensar en una justicia procesal penal adaptada a la niñez. 

Entre los hallazgos, la investigadora resalta que en Colombia, luego de presentarse la denuncia, un proceso penal se demora alrededor de siete años. Además, advirtió que todavía, como estrategia de litigio, se acude a aplazar en varias ocasiones las audiencias para demorar más los procesos y que para la defensa del agresor se recurre a estereotipos. 

Justicia procesal penal restaurativa

La justicia procesal penal de infancia y adolescencia necesita pasar de  asistencialista a restaurativa, de manera que las víctimas de violencia sexual menores de 14 años puedan participar en el proceso con las previsiones de protección necesarias y con la posibilidad de informarse e involucrarse en el procedimiento, con el fin de disminuir el impacto del delito y restablecer sus derechos. 

La justicia restaurativa busca ir más allá de la tradicional en el que si bien el fin último no es el castigo del agresor-abusador, sino la reparación, que asuma la responsabilidad del perpetuador del delito y de que la víctima pueda asimilar que su experiencia no le resta dignidad y es posible recomponerla. 

“El proceso penal se preocupa por culpar al responsable, pero no por restablecer los derechos de las víctimas, el cual debería ser un eje transversal en el proceso penal”, agrega la investigadora, para quien la justicia procesal penal debe estar ajustada y adaptada a la niñez, no solo en medidas que busquen la detención o castigo, sino que le apunten a la prevención y a restablecer los derechos de las víctimas. 

Menos castigo y más enmienda

La justicia reparativa actúa bajo los conceptos de disculpa, reparación del daño, perdón y reconciliación y busca que las opiniones de la víctima sean escuchadas durante el proceso judicial. 

En ese tipo de justicia, la acción del Estado no es solo castigar, sino enmendar el daño causado a la víctima, por medio de la disminución de los trámites prolongados, en los que esta es sometida a constantes entrevistas y testimonios. Además, impulsa un acompañamiento psicológico al menor de 14 años, durante el proceso y después de dictada la sentencia, para hacer seguimiento al caso y garantizar que se restablezcan sus derechos.

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