Capturan a presuntos responsables de masacre en Riosucio
La Policía Nacional de todos los colombianos, en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró esclarecer en menos de 72 horas el asesinato de tres miembros de una misma familia y, a la vez, integrantes del resguardo indígena San Lorenzo, situado en el corregimiento del mismo nombre en el municipio de Riosucio (Caldas).
Una minuciosa y eficaz labor de investigación criminal, lograda en desarrollo del plan de choque ‘El que la hace la paga’, Más cerca del ciudadano, permitió dejar a disposición de la justicia a tres hombres señalados como los presuntos responsables del triple homicidio que fue rechazado por el mismo presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien el fin de semana había ordenado el esclarecimiento del lamentable hecho lo antes posible.
Todo comenzó en la noche del pasado viernes, cuando uniformados de la Institución recibieron el reporte y se desplazaron de inmediato hasta una vivienda situada cerca del centro educativo de San Lorenzo. Allí, tras efectuar las respectivas inspecciones, encontraron los cuerpos sin vida de los miembros del resguardo indígena identificados como Serafín Díaz Guevara, líder comunitario y músico; su esposa María Gabriela Tapasco Bueno y su hijo, César Díaz Tapasco, coordinador académico del colegio. Estas personas habían sido asesinadas con armas de fuego.
Las indagaciones adelantadas en la escena del crimen, sumadas a los testimonios de vecinos y de una integrante de la familia que logró sobrevivir, llevaron a los investigadores a establecer una primera hipótesis: todo indica que el hecho violento tiene relación con un fallido intento de hurto a manos de hombres armados y encapuchados que ingresaron a la vivienda.
El personal de la Policía Nacional, que quedó a cargo de esclarecer este lamentable episodio en el marco de la ‘Operación Cronos’, con el apoyo fundamental de la Fiscalía General de la Nación, pudo establecer la identidad de uno de los presuntos responsables, gracias a un recibo de una recarga telefónica hallado dentro de un bolso que había sido abandonado en el lugar.
Tras verificar a quien correspondía el número telefónico de la mencionada recarga, la Policía Nacional determinó que pertenecía a una familiar de uno de los supuestos homicidas. Este hombre había sido judicializado el pasado mes de junio por la utilización de un documento falso.
Por otra parte, con base en los testimonios recopilados, la Policía Nacional logró establecer la identidad de otras dos personas involucradas en el caso. En desarrollo de una diligencia de allanamiento efectuada en el mismo resguardo indígena, le encontraron a uno de los capturados un guante de tela de color negro que tenía las mismas características de una prenda hallada en el lugar de los hechos. Igualmente, su rostro presentaba algunas lesiones que, de acuerdo con las primeras indagaciones, habrían sido provocadas por la persona que logró sobrevivir en medio de un forcejeo.
A este hombre le figura un proceso penal por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, por el que purgaba una condena de 7 años en casa por cárcel.
Esta persona fue capturada el pasado domingo y puesta a disposición de la justicia. Ante un juez de control de garantías aceptó los cargos por el homicidio y fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.
En desarrollo de la misma ‘Operación Cronos’, la Policía Nacional efectuó en el día de ayer ocho diligencias de allanamiento, algunas de las cuales contaron, incluso, con el apoyo de la ley indígena, que permitieron la captura.
Así mismo, el tercer involucrado en calidad de presunto autor y determinador, está un exintegrante del Ejército Nacional, quien se presentó ayer ante las autoridades, tras la presión ejercida desde el mismo día del asesinato de la familia indígena. La Policía Nacional procedió a realizar la respectiva captura y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En este último caso, la Red de Participación Cívica fue fundamental para el éxito de la operación.
Horas después del hecho violento, la Policía Nacional y las demás autoridades locales habían efectuado un consejo de seguridad para analizar este tema y habían ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos. Al mismo tiempo, las autoridades indígenas habían pedido esclarecer el caso lo más pronto posible.
BC Noticias
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